Tras una demanda interpuesta por el representante Santiago Osorio, el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales decretó la suspensión provisional del decreto mediante el cual la Alcaldía de Jorge Eduardo Rojas había aumentado las tarifas del transporte público colectivo para el año 2026, al considerar que el incremento no estuvo suficientemente soportado en un nuevo estudio técnico tras el aumento extraordinario del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La decisión judicial ordena realizar un nuevo estudio de costos, detallado y transparente, en un plazo de 90 días, que explique de manera técnica cómo se calculan las tarifas para buses, busetas y microbuses. Además, la Alcaldía deberá expedir nuevas tarifas transitorias y socializarlas con empresas transportadoras, usuarios, veedurías ciudadanas y actores de la movilidad antes de su entrada en vigencia.
Esta decisión protege especialmente a los trabajadores, estudiantes, adultos mayores y ciudadanos de los barrios populares, quienes son los que más sufren cada aumento en el transporte público y destinan buena parte de sus ingresos para poder movilizarse diariamente.
El despacho judicial concluyó preliminarmente que el municipio modificó las tarifas utilizando el aumento del salario mínimo del 23,7%, pero sin elaborar un nuevo estudio técnico completo que justificara esos valores.