La Cámara de Representantes aprobó hoy en su último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de Ley 30 de 1922, que busca darles más recursos a las universidades públicas. Se trata del proyecto de Ley 212 de 2024, de autoría de los representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra.
“El problema es simple: nuestras universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992. Esta reforma actualiza las reglas del juego”, señala Pedraza, destacando que “el proyecto de Ley 212 de 2024 no se escribió desde un escritorio en Bogotá, sino desde las marchas estudiantiles del 2018, desde los diagnósticos de los rectores y desde la necesidad urgente de darle un futuro digno a la educación pública”.
Actualmente, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen, en promedio, un 9% cada año, mientras que el presupuesto base solo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que históricamente ha sido de, aproximadamente, el 4%. Esto genera un déficit anual estructural de 5 puntos porcentuales.
“Eso se traduce en que, tras más de tres décadas de funcionamiento de este sistema de financiamiento, las universidades tengan un hueco fiscal que supera los 17 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria”, señala Pedraza, quien destaca que “esta Ley permitirá corregir los errores del pasado que han llevado al sistema educativo a la crisis en que se encuentra actualmente”.
La brecha estudiante-presupuesto es otro factor que evidencia el déficit: entre 2000 y 2022, la población estudiantil en instituciones de educación superior (IES) públicas creció un 169%, mientras que la base presupuestal, en términos reales, solo aumentó un 52%.
