A esta hora, en el Ministerio de Hacienda, se desarrolla una reunión clave entre el Gobierno nacional y varios gobernadores del país para evaluar las consecuencias del decreto de emergencia económica que elevó el IVA al tabaco y a los licores de 5% a 19%.
El trasfondo del choque es el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, con el que el Gobierno busca recaudar cerca de $2,5 billones adicionales. La medida excluye a la cerveza, pero grava con una tarifa de 19% al tabaco y a los licores, vinos y aperitivos. Veinte de los 32 gobernadores han expresado su rechazo y sostienen que el impuesto al consumo es una renta cedida a los departamentos, fundamental para financiar salud, educación y deporte. En promedio, este ingreso representa 43% de sus recursos tributarios.
La Federación Nacional de Departamentos recordó que los cigarrillos tienen una demanda inelástica: cuando el precio sube, el consumo no desaparece, sino que migra al contrabando. En 2024, este fenómeno alcanzó 36%, el nivel más alto desde 2011, con pérdidas cercanas a $1,03 billones. Dado que el consumo de tabaco y licor es mayor entre hombres, el traslado al mercado ilegal tiende a concentrarse en este grupo; sin embargo, el impacto fiscal golpea a toda la población, incluidas mujeres y niños, al reducir recursos para servicios sociales.
