Aún retumban en el país los ecos de la propuesta (decisión tomada) del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para que sea el “pueblo” el que decida sobre el futuro de lo que se han llamado las reformas sociales y entre las que se incluyen la reforma laboral, la reforma al sistema de salud y la refrendación de la reforma pensional que ya fue aprobada en el Congreso, pero que espera aval de la Corte Constitucional.
Y si bien la consulta popular es un instrumento de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política, el anuncio presidencial se ha tomado como mecanismo de presión al Congreso dada las tensas relaciones que por estos días imperan entre el ejecutivo y el legislativo, sumado a varias voces de la opinión política nacional que señalan que es una jugada de Petro para adelantar la campaña electoral de 2026 y de una vez agitar sus bases electorales en favor de lo que él ha llamado “el momento de garantizar que el pensamiento progresista siga gobernando en Colombia”.
VOCES POLÍTICAS DE CALDAS.
Los primeros llamados a reaccionar sobre este asunto fueron los congresistas Caldenses, en especial los Representantes a la Cámara, en donde por supuesto, como gran parte del país político se dividió ante el anuncio presidencial.
Para la congresista conservadora, de oposición plena al gobierno Petro, Juana Carolina Londoño “La consulta es un mecanismo de participación ciudadana amparado por la Constitución y la ley que no debe ser interpretado como un instrumento para desconocer o debilitar a otra rama del poder público porque perdería la esencia que inspiró al constituyente”
El Representante Liberal Octavio Cardona pidió al Presidente “serenarse y entre en diálogos con el Congreso para que “acepte el ajuste de las iniciativas, para que se hagan modificaciones, para que se entienda que lo que necesita el país no es lo que quiere el Gobierno ni el Congreso, es lo que necesitan los ciudadanos”. Explicó que el mecanismo al que acude Gustavo Petro está consagrado en la Ley 1757 y que, según el parágrafo del Artículo 9, la consulta popular requiere respaldos del 5% del total de los ciudadanos del censo electoral.
Por su parte Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo se distanció de la propuesta y señaló en un video: “No estoy de acuerdo porque creo que se deben respetar las instancias. La Comisión Séptima del Senado no ha tomado una decisión. Sin embargo, ya juzgaron al Congreso y al Senado. Cuando las ramas del poder toman una decisión hay que acatarlas y respetarlas”.
Wilder Escobar, del partido Gente en Movimiento opinó que “todavía no se ha agotado el debate en el Congreso de la República. La reforma laboral todavía no se ha hundido. Lo que conocemos es que hay una ponencia negativa y todavía no se ha pronunciado la Comisión Séptima frente a la votación”.
Santiago Osorio, del partido verde línea petrista salió en defensa de la iniciativa. “Esta solicitud del Gobierno es absolutamente legal y la permite la Constitución de 1991 como uno de los mecanismos de participación ciudadana para darle validez a cualquier actuación popular en favor del Estado colombiano. En ese sentido vamos a ir a las calles a seguir haciendo esa exigencia de que no sea un bloqueo institucional el que defina el futuro de las reformas, sino que sea el pueblo.
